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close this bookRecomendación revisada relativa a la enseñanza técnica y profesional (en Actas de la Conferencia General, París, 15 de octubre - 3 de noviembre de 2001, Volumen 1) (UNESCO, 2002, 178 p.)
close this folder12. Recomendación revisada relativa a la enseñanza técnica y profesional (2001)
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View the documentI. Alcance
View the documentII. La enseñanza técnica y profesional en relación con el proceso educativo: formulación de los objetivos
View the documentIII. Política, planificación y administración
View the documentIV. Aspectos técnicos y profesionales de la enseñanza general
View the documentV. La enseñanza técnica y profesional como preparación para el ejercicio de un oficio o profesión
View the documentVI. La enseñanza técnica y profesional como formación permanente
View the documentVII. Orientación
View the documentVIII. El proceso de aprendizaje
View the documentIX. Personal
View the documentX. Cooperación internacional

III. Política, planificación y administración

9. Debería formularse la política pertinente y administrarse la enseñanza técnica y profesional en apoyo de los objetivos generales asignados al proceso educativo, así como de las exigencias sociales y económicas nacionales y en lo posible regionales, presentes y futuras, y adoptarse un marco legislativo y financiero adecuado. La política debería tender a lograr una mejora estructural y cualitativa de la enseñanza técnica y profesional, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 2 de la Convención sobre la Enseñanza Técnica y Profesional (1989), y tal como se expone con más detalle en las recomendaciones del Segundo Congreso Internacional sobre Enseñanza Técnica y Profesional (1999).

a) Aunque la responsabilidad de esta enseñanza incumbe principalmente a los gobiernos, en una economía de mercado moderna la formulación de la política correspondiente y su aplicación deberían llevarse a cabo mediante una nueva asociación entre el Estado, los empleadores, las asociaciones profesionales, las empresas, los empleados y sus representantes, las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales. Esta asociación debe crear un marco legislativo coherente que permita poner en marcha una estrategia nacional de cambio. En el marco de esta estrategia, el gobierno, además de proporcionar efectivamente la enseñanza técnica y profesional, puede dotarla de dirección y perspectiva, facilitar, coordinar y garantizar la calidad y velar por universalizar el acceso a esta enseñanza, determinando y cumpliendo sus obligaciones de servicio a la comunidad.

b) La mejor fórmula, tratándose de la enseñanza técnica y profesional, es que se hagan cargo de la prestación de ese servicio diversas entidades, públicas y privadas. Si bien la combinación adecuada se puede encontrar de distintas maneras, la obligación de facilitar la elección garantizando al mismo tiempo la calidad debería recaer en el Estado.

c) El Estado y el sector privado deberían reconocer que la enseñanza técnica y profesional no es un gasto sino una inversión que produce considerables beneficios, entre otros, el bienestar de los trabajadores, una mayor productividad y más competitividad a escala internacional. Por consiguiente, el Estado y las empresas, así como la comunidad y los educandos, deberían compartir en la mayor medida posible su financiación, encargándose el Estado de proporcionar incentivos financieros apropiados. Además, los gobiernos de los países menos adelantados, en particular, deberían recurrir a la cooperación bilateral y multilateral para la creación de capacidades en materia de enseñanza técnica y profesional.

d) A menudo las responsabilidades con respecto a los diversos elementos que integran la enseñanza técnica y profesional se encuentran dispersas y repetidas en distintos Ministerios u organismos oficiales. Es pues conveniente que los gobiernos racionalicen en la mayor medida posible su sistema institucional, con objeto de coordinar en el plano nacional la labor de enseñanza técnica y profesional, crear relaciones de colaboración eficaces con el sector privado y promover la enseñanza técnica y profesional en beneficio de todas las partes interesadas.

10. Se debería prestar especial atención a la planificación del desarrollo y la expansión de la enseñanza técnica y profesional mediante:

a) un alto grado de prioridad de la enseñanza técnica y profesional en los programas de desarrollo nacionales, así como en los planes de reforma de la enseñanza;

b) la evaluación de las necesidades nacionales a corto y a largo plazo;

c) la adecuada asignación actual y futura de recursos financieros;

d) el establecimiento de un órgano nacional encargado de coordinar la planificación de la enseñanza técnica y profesional sobre la base de análisis de proyecciones y datos estadísticos a fin de facilitar la complementariedad en la planificación de las políticas relativas a la educación y al empleo.

11. La planificación debería tener en cuenta las tendencias económicas y sociales nacionales y, en lo posible, regionales, la evolución previsible de la demanda de las distintas clases de bienes y servicios y de los diferentes tipos de conocimientos teóricos y prácticos, de modo tal que la enseñanza técnica y profesional pueda adaptarse fácilmente a la evolución científica, tecnológica y socioeconómica. Esa planificación debería coordinarse asimismo con las medidas actuales y previstas en materia de formación y con la evolución del mundo del trabajo tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

12. Si bien la elaboración de políticas y la planificación deberían incumbir sobre todo a las autoridades de la educación, deberían participar activamente en esos procesos los grupos y partes interesadas que se mencionan a continuación. Procedería crear, en el plano tanto nacional como local, estructuras en forma de entidades públicas y órganos consultivos con objeto de alcanzar ese fin, asociando a:

a) las autoridades públicas encargadas de la planificación de la política económica y social, el trabajo y el empleo y los sectores manufacturero y de servicios;

b) los representantes de las organizaciones no gubernamentales de cada sector profesional, elegidos entre los empleadores y los trabajadores, así como de la economía no estructurada, los propietarios de pequeñas empresas y los empresarios;

c) las autoridades o los órganos encargados de la enseñanza y la formación de extraescolares;

d) los representantes de los encargados, tanto en la enseñanza pública como en la enseñanza privada reconocida por el Estado, de aplicar la política de la educación, entre ellos los docentes, los organismos examinadores y los administradores;

e) las organizaciones de padres de alumnos, de ex alumnos, de estudiantes y de jóvenes;

f) representantes de la comunidad en general.

13. Deberían establecerse políticas encaminadas a mejorar las estructuras de la enseñanza técnica y profesional en el marco de un conjunto de medidas destinadas a poner en práctica el principio de la educación a lo largo de toda la vida por medio de la creación de estructuras complementarias de carácter abierto y flexible, teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar las tecnologías modernas de la información, para la enseñanza, la formación y la orientación pedagógica y profesional, independientemente de que tales actividades se desarrollen dentro o fuera del sistema formal de enseñanza. Con ese fin deberían contemplarse las siguientes posibilidades:

a) crear una enseñanza secundaria polivalente con un plan de estudios diversificado que vincule la educación y el mundo del trabajo;

b) tomar disposiciones para que los establecimientos de enseñanza superior apliquen criterios de admisión flexibles y ofrezcan programas que vayan desde los cursos breves especializados a programas más amplios en régimen de dedicación completa para estudios integrados y de especialización profesional;

c) instaurar un sistema de equivalencias mediante el cual se concedan unidades de valor por haber finalizado un programa aprobado y se reconozcan las calificaciones escolares y/o profesionales y la experiencia laboral;

d) establecer entre la enseñanza técnica y profesional y los programas de educación superior mecanismos de articulación e interconexión en beneficio de los educandos que deseen proseguir sus estudios.

14. La política de enseñanza técnica y profesional debería tener por objeto garantizar una alta calidad, a fin de excluir toda discriminación entre las diferentes ramas de formación. A este respecto, convendría procurar en especial que la enseñanza técnica y profesional nacional se ajuste a las normas internacionales.

15. Para poder garantizar la calidad de la enseñanza las autoridades nacionales competentes deberían fijar criterios y normas, que serían revisados y evaluados periódicamente, y que se aplicarían a todos los aspectos de la enseñanza técnica y profesional, incluyendo en toda la medida de lo posible la enseñanza no formal, en relación con:

a) todas las formas de convalidación de los conocimientos adquiridos y la calificación consiguiente;

b) la calificación del personal docente;

c) la relación entre el número de docentes e instructores y el número de alumnos;

d) la calidad de los planes de estudio y de los materiales didácticos;

e) las medidas de seguridad en todos los locales de enseñanza y formación;

f) las instalaciones, los edificios, las bibliotecas, la disposición de los talleres y la calidad y los tipos de equipo.

16. La política nacional debería fomentar la investigación relativa a la enseñanza técnica y profesional, especialmente en relación con las posibilidades que brinda, en este sentido, el aprendizaje a lo largo de la vida, con miras a mejorar dicha enseñanza y su adecuación al contexto socioeconómico. Esta investigación debería llevarse a cabo en los niveles nacional e institucional, así como por iniciativa personal, para lo cual:

a) debería insistirse especialmente en la elaboración de los planes de estudios, en la investigación relativa a los métodos y materiales de enseñanza y de aprendizaje y, en caso necesario, en las tecnologías y las técnicas aplicadas a los problemas del desarrollo;

b) deberían facilitarse recursos financieros y medios materiales procedentes de fuentes públicas y/o privadas a las instituciones de enseñanza superior, las instituciones especializadas de investigación y las organizaciones profesionales, para que los resultados de dicha investigación puedan aplicarse experimentalmente en establecimientos de enseñanza técnica y profesional seleccionados de manera representativa;

c) deberían difundirse ampliamente los resultados positivos de la investigación y de la experimentación, utilizándose todos los medios de comunicación existentes, en especial las tecnologías de la información y la comunicación;

d) debería evaluarse la eficacia de la enseñanza técnica y profesional utilizando, entre otros datos, las estadísticas pertinentes, comprendidas las relativas a la matrícula en régimen de dedicación parcial, los índices de abandono de los estudios, el empleo asalariado y el trabajo por cuenta propia;

e) debería hacerse especial hincapié en los esfuerzos de investigación encaminados a humanizar las condiciones de trabajo.

17. Las estructuras administrativas existentes deberían prestar servicios de evaluación, supervisión y habilitación, con objeto de garantizar la rápida aplicación de los nuevos resultados de las investigaciones y mantener las normas fijadas;

a) los servicios de evaluación en general deberían garantizar la calidad y el eficaz funcionamiento de la enseñanza técnica y profesional mediante un análisis permanente y medidas encaminadas a la mejora constante del personal, los medios e instalaciones, los programas y, sobre todo, los resultados obtenidos por los estudiantes;

b) los servicios de supervisión del personal deberían contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza, proporcionando para ello orientación y asesoramiento y recomendando un perfeccionamiento continuo;

c) todos los programas de enseñanza técnica y profesional, comprendidos los organizados por entidades privadas, deberían ser sometidos a la aprobación de las autoridades públicas;

d) cada establecimiento debería gozar de suficiente autonomía para elaborar sus programas, con participación de las empresas y la industria, a fin de atender las necesidades locales.

18. Debería prestarse especial atención a los recursos materiales que exige la enseñanza técnica y profesional. Deberían fijarse cuidadosamente las prioridades teniendo debidamente en cuenta las necesidades inmediatas y las orientaciones probables de la expansión futura, en consulta con representantes del mundo del trabajo:

a) la planificación institucional debería orientarse en el sentido de garantizar la máxima eficiencia y flexibilidad en su empleo;

b) la planificación, la construcción y el equipamiento de esos establecimientos deberían llevarse a cabo en colaboración con especialistas de la rama de actividad económica, profesores y arquitectos especializados en construcciones escolares y teniendo debidamente en cuenta la finalidad para la que los establecimientos se destinan, los factores locales predominantes y los estudios pertinentes;

c) deberían asignarse fondos suficientes para los gastos ordinarios (suministros, mantenimiento y reparación del material);

d) las instituciones deberían gozar de mayor autonomía en materia de administración y gestión financiera.