Entre 1966 y 1970, la reforma agraria promovida por el gobierno demócrata-cristiano tenía como objetivo permitir el desarrollo de la producción campesina en tierras privadas adquiridas a los terratenientes, de común acuerdo o por expropiación, así como promover la modernización de las explotaciones latifundistas, en particular a través de la amenaza de la expropiación. En los tres años del Presidente Salvador Allende, en cambio, la reforma agraria trató de implementar vías socialistas de modernización agrícola cuyos sujetos principales eran los campesinos. En los dos lapsos, se trató de un proceso más rápido y extenso que el de Venezuela, en términos de propiedad privada. En Chile no existían casi tierras agrícolas públicas, lo que representa una sustancial diferencia con el caso venezolano.
Entre 1967 y 1973, la reforma agraria abarcó el 39,5% (Echenique, 1995) de la superficie de las explotaciones agrícolas, medida en hectáreas de riego básico (HRB). Todos los predios de más de 80 HRB han sido adquiridos o expropiados. La junta militar que tomó el poder mediante el golpe de setiembre 1973 no se propuso volver a la precedente situación. Como lo señala Silva (1987, pp. 188-189), la reforma había eliminado la "presencia del latifundio improductivo. Este hecho le evitó al régimen militar un conflicto político de proporciones con los sectores tradicionales en el agro, ya que no hubiese podido nunca iniciar un proceso de expropiaciones para racionalizar la estructura de la tenencia de la tierra, en el marco de una modernización capitalista. Esto hubiese sido en contra de sus postulados principales que es la defensa de la propiedad privada y se habría logrado la enemistad de uno de los sectores sociales que si bien no constituye su aliado principal, apoyó decididamente al régimen militar desde un primer momento". La junta implementaba la vía liberal de desarrollo de una "economía social de mercado" donde éste regularía el uso de los factores de la producción, y en particular el de la tierra. Para ello era necesario ampliar al máximo la fracción mercantil de los intercambios de tierra. Esta era reducida anteriormente de por las características del latifundio, forma de propiedad poco intercambiada según los mecanismos del mercado. La reforma agraria había además retirado del mercado las tierras afectadas por ella: su venta estaba estrictamente prohibida, y no tenemos indicios de que no se haya respetado esta disposición entre 1967 y 1973. Para alcanzar su objetivo, la junta hizo posible, ya en diciembre de 1973, la venta de las tierras asignadas en forma individual o de los derechos sobre la tierra asignada en copropiedad [14]. No existe evaluación precisa del resultado de estas medidas, debido a que numerosas ventas de parcelas no han sido registradas. Jarvis (1981, p. 118) estima en un 30% del total la superficie vendida de tierras asignadas por la reforma agraria entre 1974 y 1979, según datos de ICIRA. El resultado de esta política a finales de 1979 está resumido en el cuadro 4.
| Tipo de explotación | Nº de explotaciones. | Superficie en HRB | |
|---|---|---|---|
| Explotaciones adquiridas (1966-73) | 5709 | 895752 | 154,2 |
| -restituidas a los ex dueños: | |||
| = Parcialmente | 2170 | 109614 | |
| = Totalmente | 1636 | 141528 | |
| Sub total | 3806 | 251142 | |
| transferidas por venta o subasta | 1972 | 177483 | |
| Total grandes explotaciones | |||
| subsistiendo | 5778 | 428625 | 74 |
| -asignadas a campesinos | |||
| en forma = individual | 36533 | 371262 | |
| en forma =cooperativa (1) | 9907 | 95 865 | |
| Total pequeñas explotaciones | |||
| existentes | 46640 | 467127 | 10 |
|
(1) Nº de asignaciones colectivas antes del 11-09-1973.
Fuente: Silva, 1987, p. 168. | |||
Las 5 709 explotaciones, en su mayoría latifundistas, de una superficie promedio de 154,2 HRB, son reemplazadas por 52 418 explotaciones de 17 HRB de promedio, en las que el uso de la tierra es regulado por el mercado de la tierra. Estamos lejos de los propósitos de los promotores de la reforma agraria, demócratacristianos o socialistas, para quienes la inalienabilidad de las tierras asignadas era uno de los pilares de la modernización agrícola. Como en Venezuela, pero de forma drástica, el mercado terminó por dar razón de la reforma agraria. El resultado en materia de transformación de la estructura de tenencia resulta incluso mucho más redistributivo a favor de las pequeñas explotaciones (cuadro 5). Éstas aumentaron sustancialmente su importancia relativa, de un 22.4% a un 41,1% y las medianas pasaron de un 22,2% a un 41,6%.
| Estrato de tamaño | 1965 | 1987 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 216000 | 22,4 | 253000 | 41,1 |
| 21-40 | 7000 | 9,4 | 11000 | 15,0 |
| 41-80 | 4600 | 12,8 | 9000 | 26,6 |
| mas de 80 | 4900 | 55,4 | 3000 | 18,0 |
| Total | 232500 | 100 | 276000 | 100 |
| Fuente: Echenique, 1995. | ||||
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