Análisis:Venezuela y Chile:1
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Renta y Mercado de la Tierra Agrícola: Algunas Indicaciones de los Casos Venezolano y Chileno (Primera parte)

por O. Delahaye
Facultad de Agronomía,
Universidad Central de Venezuela


extraído de el boletín Reforma Agraria, Colonización y Cooperativas, 1996 (FAO, 1997)

Introducción

Numerosos estudiosos y/o militantes de la cuestión agraria en América Latina prestan especial atención a las teorías de la renta en el contexto del desarrollo de las relaciones de propiedad y tenencia de la tierra [1]. Una consecuencia de esta postura es el énfasis otorgado a la necesidad de una reforma agraria, cuya implementación suprimiría las relaciones negativas para la mejora agrícola determinadas por la persistencia de la renta, y permitiría la formación de una estructura más justa de propiedad y/o tenencia, base de un desarrollo campesino libre de trabas de latifundio en sus formas tradicionales o renovadas. Un ejemplo relativamente reciente de este enfoque lo ofrece el artículo de C. KATZ (1990). Compartimos este punto de vista, lo que nos alienta a presentar algunos elementos de reflexión sobre la cuestión agraria, partiendo de las limitaciones de la renta como relación explicativa. Cabe señalar que nuestro entusiasmo inicial por la teoría de la renta se ha mitigado al contacto con las realidades, y en particular al observar la evolución concreta de las reformas agrarias chilena y venezolana: en ambos casos, la redistribución de la tenencia y/o propiedad no se ha concretado a causa del mercado de la tierra, liberado drásticamente por la junta militar chilena a partir de fin de 1973, y, en un plan formalmente ilegal y solapada pero eficazmente, a través de la compraventa de "bienhechurías" en las tierras venezolanas [2]. Posiblemente, estos resultados, opuestos a los propósitos iniciales de dichos procesos, se originen en un análisis agrario basado exclusivamente sobre la denuncia de los efectos, perversos para el desarrollo, del latifundismo y de la renta. Ahora bien, al respecto conviene reflexionar sobre lo que decía Palloix (1981, p. 86), hace cierto tiempo: "en teoría, la renta de la tierra aparece como la llave fundamental de todo análisis de los problemas agrícolas en la tradición marxista, el paradigma unánimemente aceptado que sirve como punto de partida". Pero agregaba que la renta de la tierra es el hilo conductor de "los análisis más distintos, más contradictorios, lo cual es la expresión de una cierta incapacidad teórica para dominar el arduo problema de la cuestión agraria".

El presente trabajo no pretende ofrecer una revisión exhaustiva de las posturas existentes en relación con la renta. Se agruparán, tal vez demasiado esquemáticamente, en las dos grandes corrientes en las cuales se ubican las actuales propuestas teóricas:

  • para los clásicos, siguiendo a Ricardo y a Marx, la tierra es un recurso natural; el nivel de la renta está determinado por una relación social y no por la actividad económica del terrateniente. Este enfoque tiene como objetivo la eliminación del latifundio rentista, improductivo, a través de la implementación de la reforma agraria;

  • para los neoclásicos, la tierra es un factor de producción; la actividad económica de su propietario contribuye al incremento de su ingreso. La renta corresponde al costo del uso del suelo, y su nivel depende esencialmente de factores económicos. Esta postura razona exclusivamente en términos de cálculo económico: sólo la propiedad permite dicho cálculo y por consiguiente, es necesaria para mejorar la eficacia de la producción. El mercado, y en particular el de los factores de la producción, regulará la actividad productiva. Las propuestas basadas en estas premisas se orientarán a mejorar el funcionamiento del mercado, en particular en lo que se refiere a su transparencia y fluidez.
Nuestra finalidad no es proponer una teoría frente a estos polos de opinión, sino enfatizar la relevancia que reviste el estudio del mercado de la tierra, para aportar unos elementos de comprensión de la evolución de la cuestión agraria en América Latina. Después de un análisis de las proposiciones relativas al mercado de un autor particularmente esclarecedor, el economista de origen húngaro nacionalizado en Estados Unidos Karl Polanyi, pasaremos a examinar más en detalle la situación agraria en Venezuela y Chile.

Mercado de la tierra y cuestión agraria: una reflexión preliminar

A pesar de ubicarse en un marco más general que el de la cuestión agraria, las formulaciones de Polanyi sobre el mercado nos ayudan en nuestra reflexión. Su punto de partida es el intento de comprender el derrumbe del modelo de competencia perfecta entre productores y consumidores, cuya expresión era el mercado "autoregulador", y la premisa fundamental el patrón-oro en los intercambios internacionales, abandonado en los años veinte y treinta. Según el autor, dicho derrumbe trae como consecuencia el desarrollo de los totalitarismos en los años treinta, lo que constituye el inicio de la reflexión del economista. Este artículo se limita a considerar las propuestas teóricas de Polanyi relacionadas con el mercado, y en particular con el mercado de la tierra agrícola.

Él observa que el ámbito de los intercambios mercantiles existentes antes del siglo XIX era limitado, y, aún más importante, ellos no eran autoregulados sino reglamentados, en sus aspectos fundamentales, por los poderes del Estado y por las corporaciones. El desarrollo de la economía de mercado descansa sobre "hipótesis extraordinarias" (Polanyi, 1983, p. 102), que van a ser instrumentalizadas en la Europa del siglo XIX y que postulan el funcionamiento de un mercado autoregulador, "fuente y matriz del sistema" (ibid., p. 21). Sustentan "un sistema económico cómodo, regulado y orientado únicamente por los mercados; la tarea de asegurar el orden en la producción y la distribución de los bienes queda encargada a este mecanismo autoregulador", suponiendo que los "hombres se comportan de manera a ganar la máxima cantidad de dinero posible" (ibid., p. 102).

Prosigue nuestro autor: "Es a partir del concepto de mercancía [commodity] que el mecanismo engrana sobre los distintos elementos de la vida industrial. Definimos aquí, empíricamente, las mercancías como objetos producidos para la venta en el mercado" (ibid., pp. 106-107). A pesar de que la tierra, la moneda y el trabajo no sean, en este sentido, mercancías, por no haber sido producidos para el mercado [3], "es sin embargo con la ayuda de esta ficción que se organizan en la realidad los mercados del trabajo, de la tierra y de la moneda; estos, efectivamente, se compran y venden en el mercado" (ibid., pp. 107-108). Pasan a ser lo que Polanyi llama "mercancías ficticias". Se acerca por cierto a nuestro objeto de reflexión cuando observa que el libre juego del mercado llevaría a la destrucción del hombre y de la naturaleza (ibid., p. 108). En los hechos, si bien era necesario transformarlos en mercancías ficticias para permitir su intercambio, "toda una red de medidas y de políticas hizo nacer poderosas instituciones destinadas a entrabar la acción del mercado referida al trabajo, la tierra y la moneda" (Id. Ver también p. 179).

En relación al mercado de la tierra, he aquí una expresión del autor que podría resumir muchos estudios sociohistóricos sobre el tema: "lo que llamamos la tierra es un elemento de la naturaleza que esta enlazado inextricablemente con las instituciones humanas. La más extraña de todas las empresas de nuestros antepasados ha sido tal vez la de aislarla para constituir un

mercado con ella" (Ibid., p. 238, así como las dos citas que siguen). Para esto, hizo falta "separar la tierra del hombre" y "organizar la sociedad de manera a satisfacer las exigencias de un mercado de inmuebles".

Polanyi se encuentra en una posición intermedia respecto de los dos enfoques de la renta de la tierra mencionados. En su opinión, la tierra es un dato natural (su capítulo sobre el mercado de la tierra se llama por cierto "el mercado y la naturaleza"). No alude directamente a la posibilidad de un análisis en términos de producción de la tierra, pero sí considera que, constituida en mercancía ficticia, ésta se intercambia en el mercado sin relación con su condición natural, sino en función de su costo marginal de uso, lo que para él constituye la renta. Evacua pues, a nivel teórico, las relaciones sociales al origen de esta última. Sin embargo, muestra como, en los hechos, éstas no hayan podido ser eliminadas. Expone en este sentido, por ejemplo, que era necesario deshacerse de "la apropiación feudal de la tierra" (ibid., p. 240).

Estas formulaciones nos llevan a enfocar la cuestión agraria considerando el mercado de la tierra como factor clave. Otros autores han hecho propuestas que van en un sentido parecido, tratando de tomar en cuenta las especificidades del desarrollo de América Latina. En particular, Cardoso y Pérez Brignoli hacen observaciones esclarecedoras sobre las situaciones existentes respecto de las características mercantiles de la tierra, partiendo de las especificidades de las potencias coloniales; distinguen en este sentido (1981, pp. 45-46), por una parte, las colonias portuguesas, españolas y francesas donde impera una concepción patrimonial de la propiedad de la tierra, con límites de división y venta, y donde el embargo de los terrenos hipotecados es prácticamente imposible; y por la otra, colonias inglesas y holandesas, en las que la propiedad mercantil de la tierra habría sido enteramente realizada. Aunque estas afirmaciones pueden ser matizadas, tienen el mérito de proponer una visión histórica de la cuestión agraria en América Latina y el Caribe, que va más allá de la visión tradicional en términos de la concentración de la propiedad y del latifundismo, para buscar una explicación a nivel del mercado de la tierra, y de los mecanismos institucionales que determinan su funcionamiento.

La transformación de las características de la tierra en las de una mercancía, llamada por Polanyi "movilización", es un proceso clave en esta reflexión. En otros trabajos lo hemos denominado mercantilización de la tierra, enfocando varias situaciones concretas en América Latina y el Caribe [4]. Si bien aludiremos a él, en este artículo nos limitaremos a focalizar nuestra atención en las operaciones efectuadas en el mercado de la tierra y los agentes sociales que participan en él.

Venezuela: el mercado se impone solapadamente a la reforma agraria

La evolución histórica de las formas de producción agrícola en Venezuela y de la formación de la propiedad y de la tenencia de la tierra [5] van a determinar las características del mercado de la tierra.

Formas productivas, tierra y estado venezolano:
una estrecha relación

Un análisis muy estructurado del surgimiento y desarrollo de las formas históricas de la producción agrícola puede encontrarse en los trabajos del equipo sociohistórico del Centro de Estudio del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, CENDES (ver al respecto

Carvallo-Hernández, 1980). Predominan la hacienda, constituida, esencialmente en la región central, en base al "binomio plantación­conuco" y orientada hacía la agroexportación (ver Hernández, 1988), así como el hato de los llanos dedicado a la ganadería extensiva (ver Carvallo, 1985). Los autores explican como estas dos formas de producción determinan un patrón de concentración de la propiedad y/o de la tenencia de la tierra, debido a sus necesidades en espacio. Por su lado, la producción familiar campesina corresponde a una evolución de las formas indígenas (Andes, Macizo oriental) o de los pueblos de misiones; al no poseer esta característica de acaparamiento territorial: más bien ha visto su reducido ámbito constantemente cuestionado por la expansión de la hacienda y del hato.

Entre las unidades productivas que controlan amplias superficies, y los exiguos terrenos poseídos por los campesinos, no parece posible que haya lugar para explotaciones de mediana extensión, por lo menos en proporción relevante.

El panorama puede considerarse, en términos generales, como representativo hasta avanzado el siglo XX, a pesar de la pérdida de vigencia de la hacienda como eje del desarrollo agrícola en la región central a partir de los años veinte. Solamente a partir de 1950 se desarrollan empresas con características tecnológicas nuevas (uso intensivo de insumos industriales) y de mediano tamaño, cuya producción se orienta hacía el mercado interno (Llambi, 1988). Ya en 1961, las empresas de mediana superficie aportan la mitad de la producción agrícola del país (Rodríguez, 1987, p. 199), lo que indica su importancia para el abastecimiento nacional. Al mismo tiempo, el hato llanero inicia un proceso de modernización (descrito en Carvallo, 1985), mientras buena parte de las haciendas ven sus relaciones de producción transformarse profundamente (Hernández, 1988), o incluso desaparecen, debido en particular a la reforma agraria. Esta última está al origen del desarrollo de unidades de producción campesinas específicas, las cuales aplican el paquete tecnológico moderno de las empresas medianas sin tener una real posibilidad de obtener resultados comparables (ver al respecto CENDES, 1978, vol. 1, pp. 38 y sg.).

Todas estas formas de producción obtuvieron el control de la tierra en el marco de procesos sociopolíticos en los que el Estado ocupa siempre un papel determinante. Los sucesivos gobiernos, desde la Corona hasta la actual Administración, organizaron la transferencia a control privado del patrimonio territorial público, a través de varias figuras, que van de la merced colonial a los programas actuales de reforma agraria, pasando por las enajenaciones de baldíos en el siglo XIX [6]. Buena parte de ellas, empezando por las mercedes coloniales, regularizaron situaciones de hecho originadas en la ocupación o el despojo.

Los años actuales: reforma agraria y mercado de la tierra

La reforma agraria y la formalización de la tenencia en tierras públicas. Si bien los autores insisten en general en destacar la importancia de la reforma agraria implementada a partir de 1958, el papel de esta última no parece coincidir con las opiniones admitidas en general al respecto. La reforma agraria no tuvo influencia decisiva

a nivel de la transformación de la estructura de la tenencia, como lo demuestran los datos ofrecidos por los censos agrícolas< [7] reseñados en el cuadro 1. Observamos esencialmente un aumento de la importancia relativa (de 20,3 a 34,3%) de la superficie de las explotaciones de tamaño mediano (de 50 a 1.000 ha), las cuales supuestamente no eran consideradas directamente por la ley de reforma agraria. Las pequeñas explotaciones (menos de 50 ha) ven su importancia relativa estancarse (de 8% a 7,8%).

CUADRO 1 - Venezuela : evolución de la estructura de la tenencia de la tierra de las explotaciones agrícolas (1961-1985)
Clase de superficie (ha) Número de explotaciones Superficie de las explotaciones
Número
Porcentaje
Hectáreas
Porcentaje
1961 19851961 19851961 19851961 1985
0-19,9254906279072 79,773,21260402 13082184,94,2
20-49,92860039714 8,910,4816791 11245503,13,6
50-199,91889935391 5,99,31661883 31746906,410,1
200-99,9894919067 2,85,03610566 757165513,924,2
1.000 y mas41235608 1,31,518655220 1809904271,757,9
sin tierras46172 424 1,40,6- ---
Total320094381276 10010026004862 31248155100100
Fuente : Censos agrícolas, años indicados.

Aunque resulte claro que la reforma agraria fue poco activa en el proceso de redistribución de la tenencia entre los pequeños productores, podemos afirmar que cumplió un papel esencial en la transferencia de tierras públicas a manos privadas y el desarrollo del mercado de tierra. En el período en examen, la transferencia de la tenencia (ya que a ésta se refiere, y no a la propiedad) en terrenos públicos se adquiere (o se formaliza) a través de dos procesos: el otorgamiento de títulos supletorios y la reforma agraria.

Los títulos supletorios son otorgados por los tribunales de primera instancia (art. 798 del código de procedimiento civil). Formalizan el reconocimiento de la propiedad de un productor sobre bienhechurías (especificadas en el título) fomentadas en terrenos en general públicos.

A partir de 1971, existe la posibilidad de cuantificar este otorgamiento: se establece la obligación, por parte de dichos tribunales, de solicitar el pronunciamiento de la Procuraduría de la Nación, previo al otorgamiento del título, si se trata de terrenos baldíos. La Oficina Nacional del Catastro es el organismo encargado del estudio correspondiente. Los datos que posee al respecto permiten evaluar en un 2,4% la proporción de la Superficie de las Explotaciones Agrícolas en 1961 (SEA 1961) formada a nivel nacional entre 1971 y 1985, a partir de títulos supletorios en terrenos baldíos, con un promedio de superficie por título de 287 ha (Delahaye, 1986, p. 15). No representan pues una transferencia masiva, y conciernen superficies medianas.

La reforma agraria tampoco transfiere la propiedad: los títulos de "propiedad" de todo tipo entregados por el organismo responsable de su implementación (Instituto Agrario Nacional, IAN) dejan a éste el control absoluto (por lo menos del punto de vista administrativo y legal) de la facultad de disponer del destino de la tierra. El beneficiario no la puede vender sino solamente traspasar las bienhechurías fomentadas en ella, y necesita para esto la autorización del directorio del IAN. Igualmente, no la puede hipotecar sin dicho permiso [8]. Los títulos del IAN se refieren pues al reconocimiento de una forma de tenencia en las tierras del mismo instituto. La evaluación cuantitativa de este proceso resulta difícil, debido a que el abandono de la parcela y la venta de las bienhechurías correspondientes por parte de los parceleros, son ignorados por las estadísticas del IAN [9]. Examinaremos la situa a través de dos etapas en el proceso iniciado en 1958 e instrumentalizado por la ley de 1960 (para esta periodización ver Delahaye, 1990).

Hasta 1973, y con una intensidad globalmente decreciente, la reforma se caracteriza esencialmente por el otorgamiento de títulos (hemos visto que éstos se refieren a la tenencia y no a la propiedad) y el reconocimiento más o menos tácito, o bien la tolerancia, de la ocupación del patrimonio territorial del IAN por parte de todo tipo de productores. Se trata pues de una transferencia de tenencia a productores, campesinos en su mayoría, pero con una cierta proporción, difícil de cuantificar con precisión, de medianos productores. Un balance cifrado de la situación para el año 1975, lo ofrece el "Inventario de tierras y beneficiarios" del IAN: evalúa la superficie de tierras del IAN en manos de pequeños y medianos productores en 2 708 000 ha, es decir 10% de la SEA 1961.

A partir de 1978, el IAN se orienta hacia la regularización de situaciones de hecho creadas en su patrimonio territorial debido a la creciente ocupación de este último por parte de todo tipo de productores. Después de algunas realizaciones aisladas ("dotaciones a medianos productores", aplicación del decreto 350, etc. Ver al respecto Delahaye, 1983, pp. 117 y sg.), se implementa un programa masivo de "regularización de la tenencia" en el marco de decreto 246 del 23 de agosto de 1979, que concierne, hasta el año 1992, a 116 065 beneficiarios en una superficie de 5 014 000 ha. Se trata de una extensión sustancialmente mayor que la abarcada por las dotaciones del primer período.

El decreto 246 distingue las regularizaciones "onerosas", a favor de "medianos productores", y las "gratuitas", a favor de "pequeños productores". Asumiremos los medianos productores como agricultores empresariales, y los pequeños productores como campesinos. Las cifras ofrecidas por el IAN hasta el año 1992 indican 2 706 000 ha de superficie "regularizada" para los primeros y 2 308 000 ha para los segundos (cuadro 2). El abandono de la parcela (y el consiguiente traspaso de la tierra correspondiente a medianos productores) por parte de los campesinos beneficiarios se puede evaluar en un 5% anual de la tierra asignada (Delahaye- Richter, 1981, vol. 1, pp. 123 y sg. Esta cifra correspondía a un promedio a nivel nacional, calculado para los años 1969-1975). Si aplicamos esta relación a la superficie "regularizada" a favor de los campesinos, constatamos que más de 1 300 000 ha de ésta serán, en el año 2 000, de propiedad de medianos productores, quienes controlarán entonces mas de 3 600 000 de las 5 014 000 ha abarcadas por el programa. Se observa que el más amplio programa de transferencia de tenencia en el marco de la reforma agraria está beneficiando esencialmente a productores medianos, y no a campesinos. Ello indica una continuidad en el proceso histórico de formación de la propiedad y tenencia en Venezuela: la regularización viene a oficializar una situación de hecho (compra ilegal de "bienhechuría" u ocupación pura y simple).

CUADRO 2 - Venezuela: superficie (1 000 ha) abarcada por el programa de regularización de la tenencia (1979-1992)
Años Regularización gratuita Regularización onerosa Total
1979-811179(1)1000(1) 2179
1982-84600(2)510(2) 1110
198543(2) 36(2) 79
1986149(2)127(2) 276
1987196(2)168(2) 364
1988277(2)235(2) 512
198957(2)49(2) 106
199091(2)78(2) 169
1991n.d.n.d. n.d.
1992114(2)105(2) 229
Total2 706 2 308 5014
Fuente:
(1)Memorias del IAN, años correspondientes;
(2) Estimación: se aplica la relación entre regularización gratuita y regularización onerosa ofrecida en las memorias de 1979-1981, para los años siguientes, donde aparece solamente una cifra global.

Por otro lado, la reforma agraria desempeña un papel fundamental en la implementación de un mercado nacional de la tierra agrícola (Delahaye, 1983, pp. 83 y sg.). El IAN es un agente esencial en la mercantilización de la tierra agrícola, tanto en la medición de la tierra en los casos de adquisición de tierras privadas, del catastro de las tierras públicas transferidas, o de las parcelaciones, como de la fijación del precio de los terrenos.

No solamente la reflexión teórica nos lleva al mercado, sino también el examen de la realidad del proceso de reforma agraria. Vamos a describir brevemente las operaciones efectuadas en dicho mercado, así como los agentes que en él intervienen.

El mercado de la tierra.En 1958 no existe un mercado nacional de la tierra. Si bien en ciertas regiones existe una actividad mercantil importante, en otras no se observan intercambios en el sector: en municipios como los de El Amparo o Urdaneta­La Victoria (Dtto. Páez del estado Apure), se intercambia anualmente menos del 0,01% de la superficie de las explotaciones agrícolas, en el período 1958-67.

A partir de fines de los años 60, los intercambios van a intensificarse en todos los distritos estudiados [10], y se puede hablar de la constitución de un mercado de la tierra a nivel nacional. Para observarlo, delimitaremos los mismos lapsos indicados en relación con la reforma agraria (1958-73 y 1974-1992).

Características de las operaciones efectuadas. Se observan evoluciones similares en todos los distritos estudiados [11]:

  • la actividad del mercado en términos de número y monto anuales de las compra­ventas e hipotecas parece muy generalmente ser sustancialmente más elevada en 1974­92 que en 1958­73 (en el caso de las hipotecas, el monto anual en el segundo lapso es, en todos los distritos, más de 10 veces superior al del primer lapso);
  • la movilidad de la tierra agrícola en el mercado [12] es muy alta en el segundo lapso estudiado (3,5% o más después de 1975 en todos los distritos estudiados; y hasta 15% en algunos. Una cifra normal en otros países de economía de mercado es el 2%);
  • el precio estimado de la tierra presenta una evolución comparable en todos los distritos estudiados (figura 1): progresión lenta entre 1958 y 1973 y aumento pronunciado (más de 400%) entre 1974 y 1980. Después de una estabilización o baja relativa, se observa un nuevo aumento a partir de 1983­84, y una baja a fin de los ochenta. En nuestra opinión, el paralelismo de esta evolución en los distritos estudiados es uno de los argumentos más relevantes a favor de la conformación de un mercado de la tierra a nivel nacional. Estas variaciones simultáneas deben responder, lógicamente, a cambios en las determinaciones del precio de la tierra a nivel nacional. No es fácil proponer explicaciones concretas en relación con dichas variaciones. Sin embargo, un factor importante puede ser el monto de los créditos agrícolas, que sube drásticamente desde 1974: la cuantía otorgada por los bancos públicos cuadruplica, mientras los bancos privados están obligados, a partir de este año, a consagrar parte de su cartera crediticia al sector agrícola. La propiedad de la tierra pasa entonces a ser un requisito para la obtención de un crédito, lo que ejerce una presión en el alza del precio de los terrenos.

FIGURA 1 - Precio por hectárea (promedio móvil sobre tres años)

Agentes sociales presentes en el mercado

Se hace necesaria aquí una primera distinción entre el Estado (es decir el gobierno y los organismos públicos en general) y los agentes privados.

Respecto del papel del Estado en el mercado de la tierra, es importante insistir en tres aspectos:

  • el control normativo, es decir, la evaluación de la medida en la que se aplican las disposiciones legales referidas al funcionamiento del mercado (conformidad de las actas con los textos vigentes, respecto de las interdicciones de ventas de "bienhechurías" en tierras del IAN, etc...). En este punto, los organismos públicos a nivel nacional se muestran poco activos, mientras que a nivel regional su actuación parece ceñirse a "pactos locales", en los cuales las relaciones de fuerza parecen sobreponerse a las normas nacionales y, evidentemente, favorecen a los agentes sociales más poderosos de la comarca;
  • la propiedad territorial pública: A pesar de ser muy extensa en varios distritos [13], el Estado no parece muy activo en este sentido: compra muy poco, y prácticamente no vende. Su actuación se asemeja a la de la estatua del comendador: aunque no dé señas de actividad, cualquier cambio en la situación deberá ser avalada por él;
  • beneficiarios: Evidentemente esta situación beneficia a los agentes sociales que gozan de un acceso más fácil a los distintos organismos públicos implicados en el funcionamiento del mercado de la tierra, en particular a nivel local, donde se conforman los "pactos locales" aludidos más arriba. Los campesinos serán difícilmente los beneficiarios en estas luchas. ¿Serán mas bien los "latifundistas", nuevos o antiguos, denunciados tantas veces? Los datos existentes no parecen orientarnos en este sentido. La regularización "onerosa" de la tenencia, dirigida explícitamente a favor de los productores no campesinos, corresponde a un promedio por título otorgado de 131,5 ha, en un conjunto que no presenta prácticamente superficie mayores de 500 ha por título. Por otra parte, en ninguno de los distritos estudiados, ni en los estudios de casos realizados, se observa la constitución de explotaciones de gran superficie a partir de las bienhechurías compradas en tierras de la reforma agraria. En este sentido, parecen poco favorables a los campesinos las denuncias genéricas de un neo-latifundio que se formaría a partir de las tierras de la reforma agraria, por lo menos en el caso venezolano. Probablemente lo que se está constituyendo es una tenencia de mediana dimensión, paralelamente al desarrollo de empresas comerciales. Más conveniente podría ser el esclarecimiento, tal vez fastidioso, de los mecanismos menudos del funcionamiento material del mercado de la tierra, cuyo conocimiento es aprovechado por ciertos grupos, por ejemplo para comprar (ilegalmente, lo vimos) sus bienhechurías, a un módico precio, a los campesinos "beneficiarios" de la reforma agraria. Es en este sentido que resulta importante insistir en la observación de las modalidades concretas de la actuación de los organismos públicos.
Ahora bien, si enfocamos los agentes privados en el mercado de la tierra, varios aspectos merecen ser tomados en cuenta:
  • la creciente importancia de las sociedades anónimas como compradores de tierras (llegan en los últimos años a constituir más del 35 % de éstos en ciertos distritos; en todos, se observa un incremento importante), lo que tal vez apunte al desarrollo de relaciones cada vez más comerciales en las unidades de producción;
  • la aparición masiva de los bancos comerciales en el otorgamiento de hipotecas, paralelamente al aumento del número y monto de las mismas constatado más arriba, a partir de 1974 (vimos la significación de esta fecha para la problemática del crédito agrícola y sus consecuencias a nivel del mercado). Constituyen más del 60% de los acreedores hipotecarios después de ese año, mientras que antes representaban una proporción muy baja. Sin embargo dichos bancos no manifiestan interés en el control directo de la propiedad de la tierra: no hallamos una sola ejecución de hipoteca por su parte;
  • el aumento general de la proporción de comerciantes y de profesionales dentro de los compradores de tierras, lo que representa una presencia creciente, en la propiedad y la tenencia, de profesiones no vinculadas directamente con la actividad agrícola, cuyo objetivo exclusivo en la producción es muy probablemente la rentabilidad de su inversión: se fortalece el carácter cada vez más comercial de la producción;
  • una creciente proporción de residenciados fuera del distrito entre las personas naturales compradoras en el mercado, quienes se ubican en su mayoría en la capital del estado, o incluso en Caracas, lo que refuerza las observaciones anteriores.
Puesto que los campesinos como tales no aparecen en los datos recogidos en las actas del registro, solo a través de inferencias se puede tratar de percibir su actuación. En efecto, están indicados como "agricultores", junto con todo tipo de productores empresariales medianos o grandes. Para obtener un grupo con un porcentaje determinante de campesinos, consideramos las transacciones de compra-ventas de superficie menor de 50 ha, en las cuales el vendedor tiene la profesión de "agricultor", vive en el mismo distrito y es venezolano. En todos los distritos, este grupo vende a un precio por ha sustancialmente inferior al observado en el total de las ventas de tales superficies (cuadro 3). Si bien estas indicaciones no pueden tomarse al pie de la letra, evidencian una posición desventajosa de los campesinos en el mercado registral. Se puede observar (Delahaye, 1979, pp. 217 y sg.) como su actuación en el mercado formalmente ilegal de los traspasos de bienhechurías en tierras del IAN se traduce por su evicción de los terrenos del Instituto.

CUADRO 3 - Estimación del precio promedio por hectárea (Bs constantes de 1984) del conjunto de las transacciones, y del precio promedio recibido por los "campesinos", en los per'odos y distritos indicados
Distrito 1958-1973 1974-1982 1983-1990
A
B
A
B
A
B
Zamora19481668 4315247413862 4150
Zaraza14830 24231288 24
Colón923503 12177232662 742
Páez4292 18066326 71
Turén81274 27771102 919 132
Notas:
A = Precio promedio anual mas bajo observado en el distrito en el período indicado;
B = Precio promedio de los terrenos de menos de 50 hectáreas vendidos por agricultores domiciliados en el distrito en el período indicado;
Fuente: Delahaye, 1993, a partir de los libros del Registro de la propiedad.

El conjunto de las observaciones anteriores parece orientar hacia:

  • una agricultura en la que el uso de la tierra está siempre más regulado por el mercado, y siempre menos por otros procesos (dotación, ocupación de hecho, etc.);
  • un mercado de la tierra que tiende a expulsar a los campesinos y a establecer un control cada vez mayor de la tierra por parte de personas de profesión no agrícola y domicilio urbano, mientras se asiste a un crecimiento de la proporción de compañías anónimas y de bancos (en este último caso, solamente a nivel del crédito hipotecario);
  • una reforma agraria cuya actuación se enmarca hacia la implementación de las condiciones de mercantilización de la tierra, con resultados notables, más que hacia una redistribución de la tenencia a favor de los campesinos, que no se ve efectuada en la práctica. De hecho, esta redistribución se opera a favor de productores medianos. Los datos del cuadro 1 confirman este estancamiento de la tenencia de los pequeños productores y el progreso de los medianos.
Un análisis basado únicamente sobre la reivindicación teórica de la renta y su lógica consecuencia, la reforma agraria, no permite pues un conocimiento real del tema en Venezuela, ya que el mercado determina transformaciones que cuestionan los logros de la reforma. También el caso de Chile, que se analiza a continuación, comprueba la necesidad de integrar el mercado en la reflexión agraria.

Notas

1. Este artículo presenta resultados del Proyecto de investigación titulado ìUna historia agraria de Venezuela enfocada a través de la mercantilización de la tierraî, financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) de la Universidad Central de Venezuela.

2. Para más detalles, ver DELAHAYE, 1990. Vale la pena destacar la importancia cuantitativa de estos procesos: la reforma agraria chilena había afectado el 39,5% de la superficie de las explotaciones agrícolas (SEA) entre 1964 y 1973 (ECHENIQUE, 1995), mientras que en Venezuela, las últimas estimaciones consideran que la mitad de la SEA podría estar en tierras del patrimonio del Instituto Agrario Nacional (IAN) encargado de la implementación de la reforma.

3. POLANYI se ciñe aquí a una postura clásica, naturalista: ìla tierra no es sino el otro nombre de la naturaleza, la cual no está producida por el hombreî (ibid., p. 197).

4. Ver, por ejemplo, DELAHAYE, 1983 y 1989. La mercantilización de la tierra se constata a través de la observación de los procesos que permiten su medición, su delimitación y la precisión en la fundamentación de su propiedad.

5. Existe una cierta confusión en relación a la definición de estos términos. Para nosotros, y en concordancia con el Código Civil venezolano, la tenencia se refiere al uso de la tierra y a la cosecha de sus frutos, derecho obtenido a través del arrendamiento, de la ocupación, la aparcería, etc. La propiedad corresponde al uso y al abuso, es decir que agrega a los atributos de la tenencia, el de decidir sobre el destino de la tierra (venderla, hipotecarla, etc.). En este sentido, los títulos de ìpropiedadî entregados a los ìbeneficiariosî de la reforma agraria venezolana por el Instituto Agrario Nacional no otorgan sino un derecho de tenencia, porque no permiten la venta de la tierra o su hipoteca sin la autorización del referido instituto, como lo veremos adelante.

6. Ver una exposición detallada al respecto en DELAHAYE, 1986.

7. Se toman en cuenta el primer censo (1961) realizado desde la promulgación de la ley de reforma agraria (1960), y el último censo existente (1985).

8. El Instituto otorga un número insignificante de permisos para vender o hipotecar bienhechurías en sus tierras.

9. Sobre la problemática del abandono, ver CENDES-CIDA, 1969, vol. 2, pp 264 y sg., así como DELAHAYE y RICHTER, 1981, vol. 1, pp. 123 y sg.

10. En el proyecto citado más arriba, se estudió el mercado de la tierra agrícola en 6 distritos representativos de la realidad nacional.

11. Lo expuesto anteriormente permite entender la existencia de dos mercados de la tierra agrícola, por lo menos en el aspecto formal: el mercado de los terrenos privados, que se puede estudiar a partir de las actas protocolizadas en el registro de la propiedad, y el mercado de bienhechurías en tierras de la reforma agraria, cuyo conocimiento exhaustivo es obstaculizado por su carácter ilegal. Salvo indicación explícita, ìmercadoî se refiere al primero de los dos.

12. La movilidad es la relación entre la superficie de la tierra vendida anualmente y la superficie total de las explotaciones agrícolas, en una región o un país dado. Expresa la importancia relativa del intercambio mercantil de la tierra.

13. A nivel nacional, las últimas estimaciones de la gerencia de tierras del IAN indicarían una superficie de 15 millones de ha en el patrimonio del Instituto, lo que representa cerca de 50 % de la superficie de las explotaciones agrícolas en 1985.

Para ir a: Renta y Mercado de la Tierra Agrícola: Algunas Indicaciones de los Casos Venezolano y Chileno (Segunda parte)


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