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Publicado 31 marzo de 1996

La mujer en la Amazonía Peruana - Agricultura y Desarrollo Rural

Extractos de un informe preparado por
Martha Rodríguez Achung
Pontificia Universidad Católica del Perú
Centro de la Mujer Peruana - "Flora Tristán"
en colaboración con la Servicio de la Mujer en el Desarrollo,
Dirección de la Mujer y de la Población de la FAO

1. Introducción

El contexto regional

Son varios los elementos que han marcado la vida de las mujeres de la Amazonía peruana en los últimos diez años. A su ancestral marginación se han sumado la violencia, el narcotráfico, el nuevo rol económico asignado por el Estado a la región en la década de los ochenta, la creciente deforestación, la contaminación de los ríos, al inundaciones y el impacto negativo en las economías familiares de la política liberal de los años noventa.

Estos factores han influido en la vida de las mujeres rurales, que constituyen actualmente el 46 por ciento (643,716) de la población rural amazónica (1,389,483), y que en 1981 representaban sólo el 41 por ciento; así la tasa de crecimiento de la población femenina rural ha sido superior a la masculina entre 1981 y 1993 (2,1 y 2,0 respectivamente). En términos absolutos, las mujeres asentadas en el ámbito rural se incrementaron en 154,320 personas y la población masculina lo hizo en 171,943. Los datos censales indican también una presencia masculina mayoritaria: el índice de masculinidad en el sector rural es de 155,9 para el conjunto de la región. En todas las provincias este indicador revela una mayor presencia de hombres, destacándose ciertas provincias como el Manu, en Madre de Dios, donde la relación es de 308 hombres por cada 100 mujeres.

En el caso de la Amazonía, hay que destacar la composición heterogénea de la población en general y de la femenina rural en particular. La presencia de tres estamentos de mujeres en la vida rural tiene que ser tomada en cuenta para analizar no sólo su situación actual sino también los roles y funciones que debe cumplir la mujer en el desarrollo regional:

La mujer indígena. Según el último censo nacional de población, existen 11 familias lingüísticas y 52 grupos étnicos, distribuidos en 1,335 comunidades, asentados en casi todas las provincias que conforman la Amazonía peruana, tanto en la selva alta como en la selva baja. Todos los grupos étnicos tienen contacto con el resto de la sociedad nacional y la economía mercantil; por lo tanto producen para el mercado, pero conservan una agricultura de la subsistencia y practican la caza, la pesca y la extracción de recursos nativos.

Pese a su inserción en el mercado, estos grupos étnicos mantienen los lazos comunales si bien con procesos de diferenciación interna, prevaleciendo la organización social comunal; se ubican en territorios continuos, hablan la lengua nativa, aunque el uso del castellano se ha difundido. Dependiendo del grupo al que pertenence, el trabajo de la mujer indígena es altamente valorizado en su familia y en su comunidad. Se ha observado que mientras mayor es su integración a la sociedad nacional, mayor es la pérdida del poder económico de la mujer indígena.

La campesina ribereña y/o de tierra firme. Viven en las orillas de los ríos o cerca de cochas y quebradas, proviene de la disolución o «campesinización» de grupos étnicos y tiene un amplio proceso de mestizaje. No tiene una organización comunal basada en el parentesco; tanto la producción como la comercialización es individual y no comunal. La mujer ribereña predomina en la selva baja, y la de tierra firme en la selva alta. Al igual que las anteriores, practica la agricultura de subsistencia y para la comercialización; también la caza y la pesca son actividades de la mujer ribereña de la selva baja. En general ha perdido el control y el poder económico en la familia.

La mujer campesina colona. Es la inmigrante andina que vive predominantemente en la selva alta; es parte de la migración familiar hacia las zonas de expansión de la frontera agrícola. En general se dedica al monocultivo (arroz, maíz, coca, etc.); su trabajo productivo es poco valorizado familiarmente y no tiene el control de la comercialización.

Del total de la población femenina rural, un 14,4 por ciento lo constituyen mujeres pertenecientes a los diferentes grupos étnicos, siendo las más numerosas las asháninkas, que pueblan la selva central y representan al 28 por ciento del total de la población femenina indígena. Compartiendo las riberas de los ríos se encuentran las mujeres ribereñas de la selva baja principalmente; constituyen el 72 por ciento de la población femenina rural de la selva baja y las campesinas de tierra firme de la selva alta. Los colonos (hombre y mujeres) en 1981 constituían cerca del 50 por ciento de la población rural de la selva alta. Dados los altos índices de masculinidad de las corrientes migratorias hacia la selva, se podría afirmar que en aquella época el 20 por ciento de la población femenina rural provenía de otras regiones del país, fundamentalmente del área andina.

2. Cambios ocurridos desde los primeros anos de la década de 1980

Desigualdad en el reparto de poderes en la unidad familiar y a nivel comunitario

La participación de las mujeres en las instancias local y regional es ínfima, por no decir que están totalmente al margen de las mismas. En la sociedad amazónica el rol de dirección que las mujeres rurales pueden asumir está condicionado por varios factores: su grado de inserción en la economía mercantil, su grado de aculturación (particularmente en la mujer indígena), el ecosistema en el que viven (la especialización en la producción), la distancia entre el centro poblado y el mercado principal, y las formas de instituciones y organizaciones que se han generado.

En el caso de las mujeres colonas, se reproduce el patrón patriarcal dominante, no sólo porque la estructura familiar en su lugar de origen tuvo tal conformación, sino porque dicho patrón se ve reforzado por la inmigración hacia la selva, particularmente hacia las zonas de expansión de la frontera agrícola. Al ser los hombres los primeros en llegar a las zonas de frontera, son ellos quienes que adquieren las tierras y logran insertarse en el mercado. Una vez alcanzada cierta estabilidad, la mujer y los hijos también se transfieren a la nueva región, estableciéndose junto al marido, cuando éste controla ya todo el proceso de producción y comercialización.

En la medida en que las relaciones de mercado se fueron extendiendo al conjunto del espacio amazónico, las sociedades originarias también sufieron cambios importantes. De manera particular, éstos se hicieron sentir en la condición de las mujeres en el seno de las sociedades indígenas; pero los efectos han sido diferentes para cada sociedad. Dado que el poder emana de quienes ejercen el control de la producción (ya sea para el autoconsumo o para la venta) y del reconocimiento social del valor de los productos, la pérdida del control de la mujer sobre la producción ocurrió cuando los productos por ella producidos, para el autoconsumo (valorados internamente), dejaron de responder a la demanda local. Las sociedades tuvieron que destinar parte de sus esfuerzos a producir para insertarse en la economía mercantil, y el poder de la mujer se vio disminuido, aunque con variaciones según el tipo de sociedad indígena.

En el caso de las mujeres ribereñas y de tierra firme, no indígenas, el control que pueden tener sobre sus productos depende básicamente de la distancia a que se encuentra el mercado principal, del tipo de producto y del volumen destinado a la venta. Si las mujeres viven cerca del mercado principal, y si la extracción y/o producción son de poca escala, ellas pueden comercializar los productos sin recurrir a intermediarios, por ejemplo, el plátano, la yuca, las frutas y el pescado para consumo directo, escapando al circuito de la habilitación y a la cadena de comercialización; pero si se trata de productos de mayor volumen y de mayor transacción, como el arroz, el maíz y la madera, son los hombres los que al controlar la comercialización, adquieren todo el poder económico en las familias. Además, al ser éstos los productos que mayor ingreso económico reportan, el poder de decisión final respecto a cuánto gastar, en qué, para beneficio de quién, cuándo y cómo es eminentemente masculino.

Estas son las condiciones sociológicas básicas cuya influencia se advierte en las instituciones, en las cuales la presencia de las mujeres es ínfima. Así por ejemplo, en los comités de productores de arroz y maíz que se multiplicaron en toda la selva en la década de los ochenta, no había presencia femenina, aunque las mujeres sí participaron en las luchas campesinas pero cumpliendo una función secundaria de apoyo, como encargadas de preparar la olla común, llevar la chicha o el agua a los piquetes de huelga, etc.

Actualmente, con la proliferación de los comités de madres o «del vaso de leche», las mujeres han accedido a organizaciones en las que su poder es casi absoluto. Los hombres no se lo disputan, ya que desde el punto de vista masculino, el problema de la cocina es un asunto femenino.

Insuficiencia de los mecanismos para promover el adelanto de la mujer

Al inicio de la década de los ochenta la presencia de las organizaciones no gubernamentales en la Amazonía peruana era escasa, tanto por el número como por el alcance de su trabajo; ha sido durante los últimos años que su número y sus actividades se han incrementado. Así, del muy antiguo, y casi único Instituto Lingüístico de Verano en la selva central, con sede en Pucallpa, y del Centro Amazónico de Antropología y de Aplicación Práctica, en la selva baja norte, unas con sede en Iquitos, a inicios de la década, las ONG pasaron a fines de los años ochenta a ser unas veinte, de las cuales sólo seis tenían proyectos relacionados con la mujer rural. En la actualidad el número de estas instituciones se ha incrementado, incluyendo a aquellas que trabajan en aspectos de conservación y medio ambiente. La mayoría de las ONG que trabajan con campesinas de tierra firme en la selva tienen su sede en San Martín (selva alta).

Desigualdad en las condiciones de participación en las políticas económicas

Las mujeres rurales en la Amazonía se encuentran en situación de extrema marginalidad con respecto al crédito y la tenencia de la tierra. El crédito agrícola estatal se extendió, en los años ochenta, especialmente a la selva con el objetivo de orientar la producción de esta zona hacia los cultivos de comercialización para satisfacer la demanda urbana; dicho crédito privilegio fundamentalmente al hombre colono.

El requisito primordial e indispensable para que una persona pueda acceder al crédito es presentar certificados de posesión de sus tierras. En la zona de la selva, sólo el 16,4 por ciento de los hogares con tierras dedicados a explotaciones agropecuarias poseía un título de propiedad. En el caso del campesinado ribereño, la propiedad es un concepto complicado, puesto que las tierras destinadas al sembrío de arroz (cultivo sujeto a crédito) son barreales sobre los que los derechos de posesión son sólo estaciónales. Por su parte, las comunidades indígenas en su mayoría no han sido reconocidas legalmente, y por lo tanto no tienen derechos oficiales para el uso de sus tierras (derechos comunales y no individuales). Más aún, según lo estipulado en la actual Constitución, aprobada en 1993, se han recortado muchos de los derechos otrora reconocidos a las comunidades indígenas y campesinas por la Constitución de 1979. Los únicos sujetos que pueden cumplir con este requisito legal son los inmigrantes colonos en la selva alta, quienes acceden a la propiedad por compra o por dotación del Estado, y, en menor medida, los campesinos de la selva baja que poseen chacras en tierra firme y que están registradas legalmente.

Si a las condiciones anteriores se suma el hecho de que el trámite para acceder al crédito exigía que por lo menos el solicitante fuera alfabeto, pues de lo contrario le era imposible llenar los formularios y otros documentos, se constata que los indígenas y campesinos ribereños, y de manera particular las mujeres, se encontraban frente a un conjunto de prerrequisitos con los cuales no podían cumplir. Los estudios de casos para la selva baja y para la selva alta demuestran efectivamente que las mujeres, inclusive siendo jefas del hogar, no hacían uso de este sistema de crédito.

Debido a estos impedimentos, el sistema de crédito informal o «habilitación» continuó subsistiendo para los productos promocionados por el Estado, como el arroz y el maíz amarillo duro, especialmente para los productos extractivos (madera, peces ornamentales y otros de gran valor en el mercado) que no eran parte del paquete que el Estado promocionaba. Para acceder al crédito, las mujeres tuvieron que recurrir a este sistema que es una especie de extorsión. Si los campesinos varones entraban en el sistema de crédito informal en condiciones de desventaja, las mujeres lo hacían con desigualdad aún mayor.

Con respecto al acceso a la tierra, la situación de la mujer era la siguiente: en 1984, sólo el 8,4 por ciento del total de hogares rurales de la selva estaba dirigido por mujeres; de éstas el 74 por ciento se dedicaba a la agricultura, caza, silvicultura y pesca, y un 22 por ciento a los servicios y comercio. En la agricultura, el 3 por ciento no obtenía ingresos monetarios, y el 47 por ciento formaba parte del estrato más bajo de ingresos. Sin embargo, llama la atención el hecho de que en los dos estratos más altos de ingresos se encontraban el 15 por ciento de los hogares dirigidos por mujeres con «productor agropecuario», frente a sólo el 6 por ciento de los hogares dirigidos por hombres.

3. Aspectos clave del desarrollo futuro

Si el desarrollo de la región se ha de llevar a cabo de manera sostenible, no cabe duda que uno de los estamentos de primerísima importancia entre los actores sociales en la Amazonía es la mujer. Pero hay que crear las condiciones para su participación democrática.

Cuatro esferas de acción se consideran como prioritarias para potenciar el desarrollo de la Amazonía y de la mujer dicha región:

a) Elevar la calidad de vida de las mujeres. El Estado y las entidades internacionales deben redoblar sus esfuerzos en los siguientes aspectos:

Pacificación de la Amazonía. El Estado debe garantiza la pacificación de la región dentro del marco de respeto y protección a los derechos humanos, particularmente de la población más vulnerable en situaciones de violencia: las mujeres y los niños.

Salud. Es requisito indispensable dotar a la región de sistemas de agua potable, con el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad, particularmente la infantil, y el esfuerzo físico y tiempo empleado en el acarreo de agua de río por parte de las mujeres.

Educación. El Estado debe continuar asumiendo el rol promotor de la educación, particularmente en las zonas más alejadas y en las zonas fronterizas. En la Amazonía la educación tiene que comprender no sólo contenidos referidos a la cultura propia y el medio ambiente, sino que también debe difundir el bilingüismo entre los adultos, e impartirse obligatoriamente a todos los niños sin distinción de sexo. La meta debe ser eliminar el analfabetismo en general y el femenino en particular.

Alimentación. Toda política orientada a garantizar la dotación de alimentos debe partir, en el caso de la selva, del uso racional de los recursos propios en provecho de la población asentada en la región. Debe ponerse énfasis en mejorar los sistemas de producción, conservación y almacenamiento de alimentos para los períodos críticos, de acuerdo con los ciclos hidrológicos.

(b) Mejorar el ingreso. Todas las acciones tendientes a mejorar el ingreso deben partir del concepto base de que el manejo racional de los recursos naturales de la región es indispensable. Los programas tanto estatales como no gubernamentales deben incluir la valorización del conocimiento que las propias mujeres tienen sobre el manejo de sus ecosistemas. No pueden elevarse los ingresos de ningún sector de la población sobre la destrucción del medio ambiente, condenando a la extrema pobreza a las generaciones futuras.

Garantizar el acceso a la tierra. La mujer campesina colona y ribereña debe tener acceso a la tierra, y los territorios indígenas deben ser reconocidos.

Comercialización. Es preciso crear mecanismos de participación de la mujer en la gestión de su propia economía, tanto en la producción como en la comercialización. Su esfuerzo productivo no sólo ha de tener un reconocimiento social sino también económico; el ingreso proveniente del trabajo productivo debe ser suficiente para garantizar la satisfacción de sus necesidades.

Acceso al crédito. Debe mantenerse un sistema de crédito agrario, ya sea por parte del Estado y/o por apoyo de organismos no gubernamentales diseñados para permitir el acceso de la mujer aquél, eliminando las trabas estructurales que impiden que las interesadas puedan contar con este requisito para garantizar la producción de alimentos e insertarse en el mercado.

Potenciar los sistemas agroforestales nativos. El concepto de manejo del bosque por las poblaciones indígenas es el resultado de su amplio y ancestral conocimiento del medio ambiente.

Establecer un marco jurídico legal que posibilite el uso sostenido de los recursos. Dicho instrumento deberá asimismo impedir las acciones que propicien la sobrepresión demográfica en territorios ya ocupados por las poblaciones amazónicas.

c) Participación y democracia. No sólo la viabilidad sino la propia construcción de un modelo de desarrollo sostenido para la Amazonía exige la presencia de la mujer como sujeto y actor social; ello implica su reconocimiento como ciudadana y sus derechos en la sociedad global.

d) Reconocimiento de la idiosincrasia de la población femenina. En el diseño de políticas y estrategias es indispensable tener en cuenta las particularidades de los diferentes segmentos de mujeres que se encuentran en la Amazonía: indígenas, campesinas y colonas. Es necesario impulsar mecanismos de amplia participación en el espacio público, reconociendo y apoyando a las propias organizaciones e instituciones creadas por las mujeres.


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