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close this book16. ¿Hay argumentos para la privatización de la salud reproductiva? Evidencia parchada y buenos deseos
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Open this folder and view contentsUna participación considerable y creciente en el mercado
View the documentAcceso, calidad, eficacia y eficiencia
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Introducción

En muchos países en vías de desarrollo, y particularmente en África, la atención a la salud materna no ocupaba un lugar prominente en las prioridades de la salud pública durante los primeros 75 años del siglo XX. “Por muchos años, la medicina colonial tuvo tan solo unos cuantos problemas obstétricos que resolver” (Amy 1992). Esto no quiere decir que no hubiera problemas, sino que éstos eran subestimados en gran medida y estaban desatendidos (De Brouwere & Van Lerberghe 1998). La atención a la salud materna era con frecuencia un mero tema accesorio dentro de los programas de atención a la salud infantil (Rosenfield & Maine 1985), y esencialmente se prestaba en las clínicas y maternidades de las misiones, las fundaciones y los grupos voluntarios de caridad. En contraste, la asistencia a la salud materna se ha convertido hoy en día en una prioridad en sí misma dentro del contexto de la salud reproductiva.

Quizás lo más importante sea que la salud materna se haya convertido en una preocupación legítima y explícita para muchos gobiernos. Esto se encuentra en consonancia con el énfasis colocado en el desarrollo de servicios de salud pertenecientes al gobierno después del periodo colonial. Las distintas crisis que atravesaron los países en vías de desarrollo han dado lugar a que los gobiernos hayan fracasado de forma manifiesta en su intento de prestar una atención con buena cobertura y calidad suficiente (Van Lerberghe 1993, Van Lerberghe & De Brouwere 2000). Esto ha preparado el terreno para las demandas de “privatización”. Durante dos décadas, la privatización ha sido un tema importante en los programas de ajustes estructurales en países pobres (Alubo 1990, Evans 1995). El Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas participaron en el desarrollo de recomendaciones sobre el papel del sector privado en general y en la prestación de atención a la salud reproductiva (World Bank 1993, UNFPA 1999a & UNFPA 1999b). Según el Programa para una Maternidad Segura, los gobiernos han fallado en su intento de abordar la salud materna de manera eficaz.

La creencia convencional actual se resume atinadamente en un artículo del Informe Mundial de la Salud de las Mujeres 2000 (World Report on Women's Health 2000), un número especial del International Journal of Gynecology & Obstetrics. Atendiendo a la observación de que a partir de la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo en 1994 el enfoque de los programas ha cambiado de una prestación gubernamental mayoritaria a una “participación considerable de organismos no-gubernamentales entre los que se incluye el sector privado”, el artículo afirma que “las ONG han demostrado su capacidad para complementar los esfuerzos de los gobiernos e instrumentar innovadores enfoques. Las ONG presentan las siguientes ventajas: flexibilidad para operar, pertinencia en el contexto más amplio del desarrollo, habilidad para innovar y efectividad desde la base para dirigir los servicios a los grupos desfavorecidos tales como los pobres” (Edouard et al. 2000).

Existen varios supuestos, más o menos explícitos, que proporcionan una base aparentemente “racional” para sustentar las demandas, fundamentalmente ideológicas y generalizadas, de que la prestación de atención a la salud materna a cargo de servicios gubernamentales sea complementada o se sustituya por otros servicios ofrecidos por organizaciones y proveedores “privados”, “no-gubernamentales”.

En primer lugar, se dice que los servicios privados captan un creciente y considerable porcentaje del mercado de prestación de servicios de atención a a salud materna.

En segundo lugar, se presupone que los servicios privados proporcionan a sus clientes servicios más accesibles y de mayor calidad, efectividad y eficacia.

En tercer lugar, y en vista de lo anterior, se dice que los servicios privados complementan los servicios gubernamentales, con el resultado de que la distribución de la prestación de servicios es más completa y equitativa.

Este artículo examina la evidencia sobre la que se basan estas suposiciones. Sin embargo, antes de hacerlo es necesario revisar los conceptos de “sector privado” y “organizaciones no-gubernamentales”. El colocar a los dos en el mismo saco oscurece todo el debate sobre la privatización y convierte las supuestas ventajas del segundo grupo en una justificación para desregular al primero.